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Semana decisiva en Clausula suelo.
La Comisión Europea y el Banco Central Europeo emitieron hace tres semanas su quinto informe de vigilancia después del fin del rescate financiero al que se sometió parte de la banca española.
Este documento (ver aquí) alerta de que las entidades españolas podrían ser obligadas a devolver a sus clientes lo cobrado de más por las cláusulas suelo desde la firma de las hipotecas. “Las instituciones de crédito deben estar preparadas para hacer frente a este impacto”, señalan la Comisión y el BCE. De hecho, ambas instituciones europeas recomiendan a los bancos españoles que se pongan en lo peor y provisionen las cantidades cobradas de más a sus clientes.
En concreto, el impacto al que se refiere Bruselas estaría cuantificado en unos 7.600 millones de euros, según la cifra aportada por el Banco de España. Esta cantidad sería lo cobrado de más por los bancos españoles hasta el 9 de mayo de 2013, que es la fecha que fijó el Tribunal Supremo por coincidir con la primera condena judicial a BBVA, Cajamar y Abanca (Novagalicia). El Alto Tribunal estableció este límite temporal para proteger la solvencia del sistema financiero español, ya que, en caso contrario, el impacto habría sido enorme.
Precisamente, está previsto que el próximo 13 de julio el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Paolo Mengozzi, publique su opinión preliminar sobre si la banca debe devolver las cantidades desde la fecha fijada por el Supremo o desde la firma de cada hipoteca. Habrá que esperar hasta después de verano para conocer el fallo definitivo del Tribunal Europeo, que aproximadamente en un 80% de los casos sigue las directrices del abogado general.
En torno al 50% de las hipotecas firmadas entre los años 2003 y 2009 incluirían una cláusula suelo, que utiliza datos del INE y del Banco de España. Y es que hasta 4 millones de hipotecados desconocerían que han sido afectados por esta práctica bancaria. El impacto en sus economías domésticas no es baladí, pues, de media, las entidades financieras deberían unos 20.000 euros a cada familia si finalmente el TJUE dictamina la retroactividad total.
Fuente gaceta.es
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