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Último paso para juzgar la estafa de las hipotecas
Sin grandes aspavientos, el 19 de julio se cerró provisionalmente una de las mayores impugnaciones al llamado régimen del 78 planteada por el 15M –quizá la única oposición real al Gobierno en el último lustro–: la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula directiva de Caja Madrid por la estafa que se habría producido en la concesión de hipotecas entre 2003 y 2009.
En esa fecha, la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó la querella presentada por el Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ) contra el expresidente de Caja Madrid, ,, y otros altos cargos de la entidad por la concesión de hipotecas sobrevaloradas, sin plenas garantías de su devolución, en una práctica habitual en aquellos años en la mayoría de entidades financieras.
La Audiencia Nacional, de acuerdo con la Fiscalía y los abogados defensores de los querellados, no apreció indicios de delito por la sobretasación en los préstamos hipotecarios, al considerar que los 100 expedientes aportados como prueba no representaban una práctica sistemática respecto del conjunto de los préstamos concedidos. El auto esgrime que no ha lugar a «admitir a trámite la querella por falta de tipicidad penal de su contenido» y se justifica por el hecho de que «lo que es difícil de probar se convierte en un delito imposible».
Para el TCJ, esta argumentación «es paupérrima y alarmante, impropia de una alta institución», explica a Diagonal José Luis Noriega, integrante de este colectivo surgido en 2012 de las asambleas celebradas durante el primer aniversario del 15M. «Reconoce que se han cometido ‘excesos’, pero no que esos excesos han tenido consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad», indica.
El TCJ va a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de evitar el archivo definitivo de esta causa. «Si no se admite, se cerraría la puerta a juzgar a los directivos de Caja Madrid», reconoce Noriega.
Supondría, también, no investigar ni pedir cuentas a todo el sistema financiero, cuya gestión, ejemplificada en Caja Madrid, llevó a un rescate que ha trasladado al conjunto de la ciudadanía la obligación de pago. «Se podría llegar a demostrar que el 50% de la deuda pública es ilegal, no ilegítima sino ilegal, por lo que no habría que devolverla», vaticina Noriega.
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